DECRETO por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad
- Fiorenzano Abogados
- 14 oct 2021
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El pasado 6 de octubre se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto Presidencial por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Esto es, sin duda, una oportunidad histórica para resarcir el incumplimiento de las obligaciones del Estado Mexicano con las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas durante ese período, así como con sus familias y con la sociedad en general.
El Decreto y la creación misma de la Comisión responden a una demanda histórica de sobrevivientes y familiares por la memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición. En este contexto, es imperante que la Comisión cumpla con su designio y mandato, y que no constituya otro esfuerzo de simulación, como lo fue la propia Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) que emitió un informe que fue desconocido por el Estado mexicano, el Informe Especial sobre las quejas en materia de desapariciones en la década de los 70 y principio de los 80 y la Recomendación 026/2001 de la CNDH de 2001, cuyas contribuciones a la verdad, memoria, justicia y no repetición fueron insuficientes. También debe evitarse que carezca del apoyo técnico y operativo que padeció la Converdad para el Estado de Guerrero y otras comisiones de caso activadas en México.
La Comisión se integrará por:
Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Archivo General de la Nación
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas
Cinco personas expertas “de reconocida calidad moral o prestigio profesional”.
Los expertos serán propuestos por:
Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
Un representante de las víctimas
Asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El decreto entró en vigor el pasado 7 de octubre y terminará el 30 de septiembre de 2024.
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